Las confederaciones en las que están integradas tanto las grandes empresas grandes empresas y como las pymes, CEOE y CEPYME aseguran estar confiadas en las medidas adoptadas la entrada en vigor con el estado de alarma. Sin embargo, dada la situación de excepcionalidad económica generada por el COVID-19 exige una respuesta más amplia desde las instituciones. Así, por ejemplo, entre otras medidas reclaman que se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa.
Las patronales también ven necesario simplificar y agilizar los procedimientos en los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación. Eso sí, consideran que el Gobierno debe contemplar el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia -el tiempo mínimo de cotización que se requiere poder cobrar la prestación- y sin perjuicio del reconocimiento de futuras retribuciones por el paro.
Autónomos
Dado la «situación especialmente difícil” en la que se encuentran los autonómos por la crisis de coronavirus, y las consecuencias de la limitaciones establecidas por el estado de alarma también reclaman una suspensión de las cotizaciones sociales. Una medida que se sumaría al abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.
En este sentido el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, asegura que “hay que tomar medidas excepcionales y extraordinarias” y aboga por suspender la cuota a la Seguridad Social durante los dos próximos meses. “A ingresos 0; cotización 0”, insisten desde la entidad.
Crédito
Desde CEOE y CEPYME también creen que es «es absolutamente necesario y urgente” que se ponga en marcha una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes y autónomos.
Igualmente pide que las Administraciones Públicas abonen “de inmediato” a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban, sin siquiera agotar los plazos que fija la Ley de morosidad, así como que “se aceleren las devoluciones tributarias pendientes”.
“Queremos dejar claro que compartimos con el Gobierno que se trata de una crisis que es preciso abordar con sentido de Estado, más allá de las diferencias territoriales e ideológicas, y en la que toda la sociedad española debe permanecer unida”, expresan en un comunicado.
