José Antonio Luque Ruiz, letrado del Colegio de Abogados de Antequera
La pandemia del Covid-19 además de una crisis sanitaria sin precedentes a nivel nacional e internacional con un altísimo coste en vidas humanas, nos ha traído una crisis económica y social de la cual todavía no se sabe muy bien cuál será su verdadero alcance e intensidad, aunque la mayoría de los organismos e instituciones económicos, entre ellos el Banco de España, coinciden en que la caída del PIB en el año 2020 podría oscilar entre el 9,5 % – 12,4 %.
Para paliar la situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus, el Gobierno ha aprobado un sinfín de medidas que han tenido que ser acordadas sobre la marcha, de forma atropellada e improvisada en la mayoría de los casos, sirva de ejemplo el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Sin embargo, nuestra Administración de Justicia se encuentra desde hace mucho tiempo en la UCI, sin respirador ni tratamiento eficaz que venga a paliar sus graves carencias, siendo insuficientes las medidas adoptadas mediante éste Real Decreto.
Los despachos de abogados y otros profesionales, nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías en el ámbito legal (también llamado Legal Tech), suponiendo dicha adaptación un valor añadido a nuestra labor profesional, no obstante, los Juzgados y Tribunales siguen arrastrando un enorme déficit en lo que se refiere a la digitalización, la no implantación de manera generaliza del expediente electrónico, falta de medios económicos y personales, hacen imposible dar una respuesta de manera rápida y eficaz a los problemas del ciudadano, pymes y autónomos.
Ésta crisis supondrá un auténtico ‘tsunami’ en al ámbito judicial, aumentando exponencialmente el número de asuntos que se sumarán a las vistas ya suspendidas y procedimientos paralizados durante el confinamiento, salvo aquellos que tienen el carácter de urgentes. Mientras tanto, ¿quién resolverá los concursos de empresas que se avecinan? ¿Y Los impagos de empresas y autónomos con sus proveedores, sus hipotecas y/o arrendamientos de local? ¿Y los impagos de clientes respecto de esas pymes y/o autonómos por el servicio prestado y que ahora no podrán pagar? ¿Quién abonará a los restaurantes y hoteles la cancelación de bodas, comuniones concertadas desde meses antes? ¿Cómo se resolverá el alud de conflictos laborales como consecuencias de despidos, ERTES, ERES…? Y en el ámbito del derecho de familia, ¿cómo se hará para reclamar las pensiones de alimentos que se han dejado de abonar a favor de los hijos? ¿Qué solución hay para las visitas entre progenitores e hijos que no se pudieron cumplir por el confinamiento? ¿Y la modificación de medidas respecto del uso de la que fuera vivienda familiar cuando uno de los excónyuges ha perdido su casa por la crisis?
Por eso ahora hay que dar soluciones innovadoras, de negociar, de mediar para dar salida al asunto que se trate en cada caso. Los abogados nos hemos adaptado a la digitalización de nuestros despachos (Legal Tech), ahora toca seguir avanzando. Tendremos que dar soluciones ágiles y eficaces a los asuntos de nuestros clientes en tiempos de pandemia. Le hemos aplaudido a los sanitarios y ahora ha llegado la hora de aplaudir a la Justicia. Falta le hace.
