Hasta 58 plazas contempla la Oferta de Empleo Público (OEP) aprobada por la Diputación de Málaga para 2023, de las que diez corresponden a promoción interna. La restantes son: seis plazas de trabajador social; cinco plazas de abogado; ocho de auxiliar administrativo; tres de camarero limpiador y otras tantas de técnico auxiliar de Topografía, de técnico medio de Archivo y de técnico medio de Gestión; y dos de técnico medio de Informática, de técnico superior de Ciencias de la Información y de técnico superior de Servicios Sociales Comunitarios. También se incluyen en esta oferta una plaza de cada una de las siguientes categorías: analista, componedor, economista, logopeda, maestro capataz, médico, oficial de cocina, psicólogo, T.A.E. licenciado en Educación Física, técnico en Gestión, Tratamiento de datos y Sistemas de preservación digital y técnico de grado medio en Gestión Pública.
De esas 48 plazas, se reservan un total de seis para el turno de discapacidad, distribuidas de la siguiente forma: para personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33%, una plaza de auxiliar administrativo; para personas con enfermedad mental con discapacidad igual o superior al 33%, una plaza de auxiliar administrativo; y para personas con cualquier otro tipo de discapacidad igual o superior al 33%, cuatro plazas: dos de trabajador social, una de camarero limpiador y una de técnico medio de Gestión.
El diputado de Recursos Humanos, Juande Villena, ha explicado que próximamente comenzará la negociación de las bases para el acceso a estas plazas, junto con otras 186 correspondientes a la tasa de reposición de los años 2020, 2021 y 2022. Igualmente, ha destacado que con la aprobación de esta oferta de empleo se continúa en la línea iniciada en los últimos años de apuesta por la renovación de la plantilla de la institución provincial, dando acceso a toda la ciudadanía a empleo público estable y de calidad.
Villena también ha recordado que actualmente se encuentra en marcha el proceso de estabilización de 324 plazas, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
