Quienes tengan pensado acudir a la oficina de la Agencia Tributaria de Andalucía tiene en Antequera, sita en la plaza Fernández Viagas, debe saber que en virtud del nuevo convenio suscrito con los Registradores de la Propiedad de la región ya no se atenderá “en ningún momento” a quienes no hayan solicitado cita previa a través de la plataforma web de la Administración regional o el teléfono habilitado para ello: 954 544 350.
Esta no es la única consecuencia del Plan de Administración Electrónica que quiere ir desarrollando la Junta, que tiene como fin una mejor eficacia de recursos administrativos, en la oficina local. Y es que la ahora denominada “Oficina de Información, Asistencia y Comprobación” tiene delegada el ejercicio de funciones de comprobación para más de 40 municipios del norte de la provincia. Así a las localidades del entorno de Antequera, hay que sumar las de la zona del Guadalteba y Nororiental de Málaga (Nororma), así como otras de la Serranía de Ronda, incluida la cabecera de esta última comarca.
Los cambios también afectarían a las antiguas oficinas de Archidona y Campillos. Desde el PSOE denuncian que se cierren para realizar servicios de liquidación de tributos, como los correspondientes al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tras la expiración el pasado 31 de diciembre del anterior convenio entre la Junta y los Registradores de la Propiedad de Andalucía.
Desde el PSOE ya han criticado esta medida y han denunciado el “desmantelamiento de servicios”. En este sentido, el Grupo Socialista en la Diputación de Málaga ha anunciado este martes que presentarán mociones al respecto en el organismo provincial y los ayuntamientos malagueños. “Vamos a solicitar que se vuelva al convenio anterior, que es el que quieren los registradores y el que presta los mejores servicios”, ha apuntado el portavoz del PSOE en la cámara provincial, Pepe Bernal.
A juicio de los socialistas, esta reducción de servicios en el medio rural es un “nuevo golpe de gracia a la lucha contra la despoblación” en la provincia de Málaga. “Además, supone un daño para el empleo de muchos de los trabajadores de las oficinas liquidadoras de la provincia que estaban prestando este servicio”, ha dicho sobre una medida que afecta a más de medio centenar de personas empleadas en los registros en la provincia.
