Uno de los objetivos marcados por el Gobierno central en esta crisis provocada por el COVID-19 es garantizar el derecho de la vivienda, especialmente de personas que tenga más dificultades económicas. Por ello, en el nuevo Decreto Ley aprobado se ha establecido una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para quienes estén en situación de especial vulnerabilidad y vean reducirse sus ingresos o puedan entrar en dicha situación, al ir al desempleo, por ejemplo.
“Ninguna persona, en una situación económica difícil, va a perder su vivienda. En esta crisis nadie será desahuciado” ha subrayado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de las nuevas medidas del Plan de Choque Económico, que también contemplan ampliar la protección a los suministros de energía y de agua, “garantizando los servicios públicos esenciales”, así como los servicios de telecomunicaciones.
Otro de paquete de medidas están centradas en la protección del empleo. Así, los trabajadores asalariados podrán adaptar o reducir la jornada, incluso hasta el 100%, para poder conciliar su vida laboral y familiar, y se pretende establecer el teletrabajo como medida de flexibilización cuando las circunstancias lo permiten.
La Administración central va facilitar también la flexibilización de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Los que se produzcan con motivo de esta crisis del coronavirus “serán considerados fuerza mayor”. Así, por una parte, se exonerará a la empresa de la aportación a las cuotas a la Seguridad Social, y por otra, los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de la cotización previa. Además, el cobro de dicha prestación no le computará de cara al cobro de futuras prestaciones si vuelve a irse al paro por otros motivos. Esta últimas medidas ya había sido exigidas por entidades como la CEOE y Cepyme.
Tanto estas entidades como la asociaciones de autónomos solicitaban la suspensión de las cuotas a la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia. Desde ATA incluso reclaman que se prevea para dos meses. Sin embargo, por ahora, el Gobierno sólo ha aprobado el aplazamiento de impuestos y, ahora permitir el acceso a la prestación por cese de actividad que será compatible con la exoneración del pago de la cuota a la Seguridad Social, y también con la posibilidad de acogerse a un ERTE, para aquellos que cuenten con trabajadores contratados. “Facilitaremos que los autónomos puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica”, ha comentado el jefe del Ejecutivo de la Nación.
Con estas medidas, desde el Gobierno se quiere priorizar las suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido. “Tomemos en cuenta esta medida y no se despida a los trabajadores. Esta es una medida coyuntural, temporal”, ha instado Sánchez a los empresarios.
Un tercer conjunto de medidas está centrado en la aportación de liquidez al sector empresarial, para que los problemas derivados de ello acaben siendo problemas de solvencia financiera. Por ello se ha creado una línea de avales por valor de hasta 100.000 millones de euros y otra especial de 2.000 millones de euros destinado a empresas exportadoras, “con mecanismo ágiles y favoreciendo especialmente a las pymes”. Igualmente se continuará con la reestructuración de créditos para explotaciones agrícolas afectas por sequías.
Por otro lado, se van a acelerar programas diseñados para el fomento del I+D, entre otras cuestiones para facilitar la implantación del teletrabajo, una medida que también ha planteado ya la Junta de Andalucía.
Todas estas medidas forman parten, como ha destacado Sánchez del “el mayor decreto ley que se haya aprobado en la historia de la democracia”, entre cuyos objetivos están que la caída económica inevitable “venga seguida de una recuperación y no un estancamiento”. También la ha calificado como “la mayor movilización económica y social de recursos de nuestra historia democrática”: hasta 200.000 millones de euros, es decir, cerca de un 20% del Producto del Interior Bruto (PIB), de los 117.00 son “integralmente públicos” y el restante a través de la movilización de recursos privados.
“Se trata de un esfuerzo enorme, decido. Responde a la magnitud del desafío social y económico al que no estamos enfrenando. No vamos a escatimar ningún esfuerzo”, ha subrayado el presiente del Gobierno en su comparencia.
