La piscina cubierta de Campillos fue una de las infraestructuras que sufrió más daños como consecuencia de las inundaciones vividas en el otoño de 2018. La estimación inicial del Ayuntamiento era haber podido reparar esta instalación deportiva a finales de 2022 o comienzos de 2023. De hecho, en noviembre de 2021 las actuaciones ya se estaban viendo por parte de técnicos de la Diputación de Málaga y se preveyó una inversión de 960.000 euros, con una aportación de 510.000 euros de la compensación abonada por el Consorcio de Seguros, 200.000 euros de una subvención de la Junta de Andalucía y otros 220.000 euros procedentes de un fondo incondicionado del propio organismo provincial. Sin embargo, desde el Consistorio reclaman más colaboración de la institución supramunicipal.
“La Diputación tiene que aportar a los pueblos pequeños, en infraestructuras deportivas y también en actividades tan importantes como nuestra feria del jamón o nuestro Concurso Internacional de Piano. La Diputación nos tiene que ayudar, porque los pueblos menores de 20.000 habitantes son el corazón de nuestra provincia”, ha comentado este lunes el alcalde de Campillos, Daniel Gómez.
El primer edil recuerda que recordado desde las inundaciones de 2018 “hemos luchado muchísimo para poder rehabilitarla y necesitamos ayuda de la Diputación de Málaga”. Una petición que es apoyada por el Grupo Socialista en el organismo provincial. “Es una infraestructura que necesita una aportación económica importante que el Ayuntamiento de Campillos no puede acometer”, ha incidido el portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Josele González, en una visita a esta localidad, en la que ha estado acompañado por el diputado provincial Manuel Lara.
Para González, “la Diputación sí hace frente a otras necesidades económicas de grandes ciudades que tienen muchísimo más presupuesto y se olvida de los municipios más pequeños”. Y pone como ejemplo la promoción de grandes eventos deportivos en ciudades de la Costa del Sol o la aportación de 15 millones de euros para la construcción de un edificio de justicia en Torremolinos, “para taparle las vergüenzas a la Junta de Andalucía, que es la competente en esta materia”.
