Han viajado durante toda la noche y esta mañana están plantados frente al Congreso de los Diputados para reclamar lo que consideran una petición “justa”. Unos 400 vecinos de las localidades de Ardales, Campillos y Teba se han traslado hasta Madrid para seguir exigiendo la declaración de zona catastrófica de sus municipios, tras el temporal que asoló especialmente la comarca del Guadalteba los pasados 20 y 21 de octubre.
La caravana partió a medianoche desde ambas localidades, tras seis días de encierro, reuniones informativas y movilizaciones. La última ayer mismo recorriendo la calles de Teba, con vecinos de varios puntos del Guadalteba incluidos representantes municipales de otras localidades. Ni siquiera los anuncios realizados por el delegado del Gobierno central en Andalucía, Alfonso Rodríguez, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que el Consejo de Ministros Gobierno central iba a declarar hoy oficialmente la zona de emergencia social en localidades afectadas, ha hecho desistir a estos ciudadanos de cumplir su intención de exigir su reivindicación en la capital del Estado. De hecho, hace días ya dejaron claro que no van a parar con las acciones de protestas -entre las que han se han incluido cortes temporales de carreteras- hasta que no vean la declaración publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado).
Como apunta el alcalde de Teba, Cristóbal Corral, la desconfianza por parte de los ayuntamientos y los vecinos de estas localidades viene desde hace una semana, cuando tras acabar el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla, la portavoz gubernamental, Isabel Celá no confirmó tal declaración y apuntó que se estaba estudiando el tema, aunque habría ayudas extraordinarias.
De todas formas, incluso con la declaración oficial de zona de especial emergencia publicada el BOE, Corral también ha apuntado que van a estar muy pendientes de que dichas ayudas puedan compensar las pérdidas sufridas. La Subdelegación de Gobierno en Málaga calcula que en toda la
provincia el coste de los daños asciende a 128 euros. Sólo en Campillos sitúan la cuantía en el entorno de los 40 millones y en Teba, según las primeras estimaciones, las pérdidas superan los 15 millones de euros.
Ayudas económicas al margen, desde los municipios afectados por las inundaciones también se reclaman otras medidas como la puesta en marcha de un plan especial de empleo, máxime por los daños sufridos en terrenos agrícolas y fincas ganaderas, en una zona de la provincia donde tiene tanto peso el sector primario y con una campaña de la aceituna en el aire. En este sentido, también se ha pedido la eliminación de las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario. Para la presidenta de la Junta, la rebaja de las peonadas también sería una medida “de justicia”.
