El pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales ha celebrado este jueves una reunión en Antequera, en la que ha acordado elevar una petición al Consejo General de la profesión para que estudie y valore, junto al resto de profesiones, la solicitud de reducción del IVA de las minutas judiciales de los operadores jurídicos -graduados sociales, abogados y procuradores- del 21% al 4%.
“Esta petición será compartida con instituciones, gobierno y partidos políticos con el objetivo de impulsar medidas que beneficien a la ciudadanía”, apuntan desde este órgano, donde aseguran que han decidido tomar una posición enérgica “frente a la situación actual de la Justicia en España, caracterizada por bloqueos y falta de reformas que garanticen su eficacia y el adecuado funcionamiento de este servicio fundamental en un estado de derecho”.
Para el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, el acceso a la Justicia, siendo un servicio básico, debería tener un tratamiento diferenciado y limitarse a un IVA del 4% cuando las minutas se centren en actuaciones judiciales. De hecho, consideran que esta medida aliviaría la carga financiera para los clientes y contribuiría a facilitar el acceso a una defensa jurídica adecuada, y que no se aplicaría para otras funciones de estos profesionales, como el asesoramiento o la gestión.
Como recuerda el presidente del órgano, José Blas Fernández Sánchez, las minutas facturadas por los operadores jurídicos a sus representados han estado sujetas a impuestos desde finales de la década de 1970. Inicialmente, se aplicó un 3% de impuesto, que posteriormente aumentó al 4%, luego al 12% y, finalmente al 21% de IVA; impuestos que se cobran a los clientes desde el inicio de un procedimiento judicial, a partir de la emisión de las correspondientes provisiones de fondos.
En este sentido, Fernández Sánchez, califica de “injusto” que un servicio esencial para los ciudadanos, como es disponer de un jurista para la defensa de sus intereses, esté gravado con un impuesto del 21% de IVA, “convirtiendo a estos profesionales en verdaderos recaudadores”
Además, desde el del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales lamentan la situación actual de bloqueo en los juzgados, porque, aseguran, agrava aún más esta situación, “ya que se trata de un servicio público fundamental para garantizar los derechos y obligaciones de los ciudadanos”, como han expuesto tras su reunión en el Ayuntamiento de Antequera.
Es por ello que este órgano también ha querido reafirmar su compromiso con la defensa de los intereses de la ciudadanía “y continuará trabajando en la búsqueda de soluciones que mejoren la prestación de servicios jurídicos que promuevan un sistema de Justicia eficiente y accesible para todos”, ha expuesto.
