El artículo 47 de la Constitución Española establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Sin embargo, pese a incluir la palabra ‘derecho’ en la redacción, no cuenta con la misma protección jurídica que otros “derechos fundamentales” como el derecho a la Educación, a la liberta de expresión o los de asociación y reunión. De hecho, estos últimos están presentes en la Sección 1ª primera del Capítulo II de la Carta Magna, mientras la vivienda aparece entre los «principios rectores de la política social y económica”, ubicados el Capitulo III.
En este sentido, desde Unidas Podemos buscan “blindar” en la Constitución el derecho a la vivienda como un derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de su efectividad, como recuerdan desde Adelante Antequera, que hoy han querido recordar las propuestas de la coalición en esta materia, de cara a las Elección Generales del próximo fin de semana.
Otros de los objetivos marcados por Unidas Podemos es poder intervenir el mercado del alquiler, “para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias mediante la creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales”, según explica el portavoz de Adelante Antequera en el Ayuntamiento y coordinador local de Izquierda Unida, Fran Matas. Para ello, se pretende habilitar a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios “especialmente tensionados”, con el fin de que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler.
Entre las medidas de la coalición también están crear un parque público de viviendas para alquiler a precios asequibles. Ello se lograría con la construcción de nuevas promociones, mediante la cesión obligatoria por parte de los grandes tenedores de vivienda vacía o incluso con “sanciones”. De seguir el modelo de ciudades como Viena, calculan que se puede incrementar en 50.000 viviendas al año durante toda una legislatura.
Igualmente, desde Unidas Podemos exigen luchar contra los fondos buitre y la especulación con la vivienda, auditando activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporando a los programas de vivienda los inmuebles cedidos a fondos buitre o a la Sareb.
Asimismo se pretende derogar el IRPH como indicador de los tipos de interés variable en créditos o préstamos hipotecarios con efecto retroactivo, de manera que las familias puedan reclamar lo pagado indebidamente.
“La vivienda debe ser la concreción de un derecho, no un bien especulativo”, subraya Matas, quien asegura que en Antequera hay unas 300 viviendas vacías, cuando hay más 800 personas que tienen algún tipo de necesidad habitacional.
