La aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular va a suponer que el Ayuntamiento de Antequera pase de aportar al Consorcio Provincial de Residuos Sólido Urbanos (RSU de Málaga -encargado de la recogida selectiva en el municipio y otros 90 más- del actual medio millón de euros a rondar los 950.000 euros. Así se ha dado a conocer este viernes en una comparecencia muy crítica con el Gobierno central, por las implicaciones del nuevo Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la Coincineración (IDRV) recogido en esta nueva normativa.
En el Gobierno municipal ven con buenos ojos que se haya creado una ley para tratar de introducir un cambio de modelo productivo, de cara a la preservación del medio ambiente. Pero no están conformes con las fórmulas previstas para su desarrollo. “El Gobierno establece que tendremos que modificar la ordenanza municipal para aplicar la nueva normativa estatal. No nos aumentan la liquidez, no nos dan medios para hacerlo, no nos ponen nuevos contenedores, no nos dan ayudas para mejorar los medios de transporte que recogen esta nueva basura, pero sí que nos obliga a agravar con un nuevo impuesto a todos los antequeranos”, ha manifestado el concejal delegado de Hacienda y Aguas del Torcal, Antonio García Acedo, junto al alcalde Manolo Barón y el concejal y el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Fernández.
En este sentido, el edil ha querido dejar muy claro que lo recaudado con este nuevo gravamen acabará en el erario a pesar de ser gestionado por las administraciones locales. De hecho, en el último pleno, el Consistorio aprobó una modificación presupuestaria para ampliar en un 74% el importe previsto aportar al Consorcio RSU.
Para el alcalde de Antequera, Manolo Barón, con esta nueva norma, el Gobierno está utilizando a los ayuntamientos como meros recaudadores de impuestos. “Eso no es de recibo. Economía circular, sí pero no podemos tener un Gobierno recaudador de ese calibre”, ha subrayado.
