La Junta de Andalucía estaría dispuesta “a intermediar para que el impacto sobre los trabajadores sea el menor posible” en el ERE que Unicaja prepara tras su fusión con Liberbank. Así lo aseguró ayer la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, tras una reunión con el secretario general de CC. OO. en la provincia, Fernando Cubillo, y con los representantes del sindicato en la entidad bancaria.
Navarro aseguró que está descartada la intervención en las decisiones “que internamente se toman en una empresa y que afectan incluso a la reorganización de la plantilla”. Pero también reiteró el apoyo y compromiso del Gobierno andaluz para ayudar a que se alcance “un acuerdo lo menos dañino posible para los empleados” y también para que Unicaja “siga siendo uno de los motores económicos de nuestra tierra”.
En este sentido, desde el Gobierno andaluz se incide en apoyar el mantenimiento de la sede central en Málaga. “Es la entidad financiera de Andalucía, la última entidad financiera propiamente andaluza, y además con sede en Málaga, la provincia además que está liderando la recuperación de nuestra comunidad, donde queremos que siga manteniendo su centro de decisión”, comentó Navarro.
Además, la delegada además destacó que la presencia territorial de Unicaja en las zonas rurales es un factor importante, “como servicio a los ciudadanos y también como parte de la lucha contra la despoblación que este Gobierno abandera”.
