El Gobierno central creará una comisión técnica para abordar la reconstrucción de los caminos rurales en la provincia de Málaga tras los temporales sufridos este invierno. En este órgano, además de la Administración central, estarán la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial representando a los ayuntamientos y Tragsa, empresa pública del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Esta comisión técnica se encargará de coordinar entre las distintas administraciones qué actuaciones llevará a cabo la Junta y cuáles Tragsa, que dispone de un presupuesto de 600 millones de euros para ejecutar las obras necesarias de reparación en caminos rurales, cuantía incluida en el Real Decreto ley aprobado por el Gobierno de España para la reconstrucción en Andalucía y Extremadura, que está dotado con 7.000 millones de euros en total.
“El Gobierno de España está con los municipios de la provincia de Málaga que cuentan con un paquete de medidas completo para la vuelta a la normalidad”, manifestó este jueves el subdelegado Javier Salas, en el encuentro mantenido con alcaldes de una treintena de ayuntamientos y representantes del organismo provincial, al que asistieron, entre otros, responsables municipales de Archidona, Ardales, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Villanueva de Tapia, Villanueva de la Concepción y Villanueva del Rosario.
Entre estas medidas, según informó el máximo representante de la Administración General del Estado en Málaga, está un fondo de 2.000 millones que se destinarán especialmente a los ayuntamientos para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales,
permitir a consistorios y Comunidades Autónomas utilizar el superávit de 2025 para mitigar los efectos de la borrasca mediante inversiones financieramente sostenibles, ayudas a los ayuntamientos para actuaciones que permitan el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, medidas para la recuperación de cauces públicos, flexibilización de la regla de gasto para ayuntamientos y Comunidades Autónomas en las partidas presupuestarias que se destinen a paliar los efectos de las inundaciones para que no computen en las reglas fiscales, un plan de empleo por 50 millones para los ayuntamientos afectados por el temporal y el anticipo y financiación del 100% de la ayuda de emergencia, previa petición del ayuntamiento que lo solicite.
Durante la reunión, Salas también explicó que el plan estatal también contempla que el Gobierno central asumirá el coste de las exenciones y reducciones de impuestos aprobados para los afectados, “para que las entidades locales no tengan merma en sus ingresos, y que son exención a los afectados del pago del IBI y del IBI rústico, así como reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas”.
