El PP llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Antequera, que se desarrollará el 21 de abril, una una moción en la que pide al Gobierno central una modificación urgente de la normativa del Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF), para garantizar que los mayores de 65 años que abandonen su vivienda por ingreso en centros sociosanitarios o situación de dependencia mantengan siempre la consideración fiscal de vivienda habitual a efectos de exención por transmisión.
En su propuesta, que se aprobará ya que la formación cuenta con mayoría absoluta, también reclaman que la Agencia Tributaria actúe de manera inmediata para que suspenda la aplicación restrictiva actual mientras se tramita el cambio legal, evitando así que más familias sigan perdiendo sus recursos.
Como explican desde el PP, la Dirección General de Tributos determina que, si una persona mayor ingresa en una residencia y vende su casa después de haber transcurrido 2 años desde que dejó de habitarla, esta vivienda pierde la consideración de «habitual». Y esto implica que el propietario pierde la exención fiscal por la venta y debe tributar como si se tratara de una segunda residencia o un enriquecimiento patrimonial.
«No se puede hacer caja con nuestros mayores», lamentó este martes el alcalde Manolo Barón en la sede del partido, acompañado por la portavoz del Gobierno y segunda teniente de alcalde, Ana Cebrián; el teniente de alcalde delegado de Programas Sociales, Alberto Arana, y la edil de Mayores, María Sierras.
«Una persona no ingresa en una residencia por gusto, lo hace por una necesidad de salud y dependencia. Es de una hipocresía absoluta dar charlas sobre políticas sociales y, por detrás, aplicar circulares desde el Ministerio de Hacienda para gravar fiscalmente a quienes tienen que vender su casa para poder costearse precisamente esa residencia», comentó el primer edil.
Barón recuerda que hay casos reales de familias que, tras años de esfuerzo económico para pagar una plaza privada o concertada, deciden vender el inmueble de su familiar para seguir sufragando los gastos. «Si la venta se produce pasados los dos años porque se esperaba una mejoría del paciente, Hacienda les castiga quitándoles parte de sus ahorros en impuestos. Es un atropello que ya ha sido censurado por algunos tribunales de justicia, pero que el Gobierno de España se niega a corregir de forma general», considera.
