Los ayuntamientos podrán destinar libremente sus remanentes positivos de tesorería para acometer medidas y actuaciones que contribuyan a la recuperación económica. El Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales en 2020 y 2021, como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la Covid-19. De esta manera desaparece la obligatoriedad que tenía para destinar el superávit a la eliminación de las deudas municipales
La medida del Ministerio de Hacienda deja sin efecto los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, al no aplicar la regla de gasto. Por lo tanto, no se pone límite para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles, hasta el punto de que incluso de podrá incurrir en déficit.
“En cualquier caso, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibro de las finanzas públicas”, ha querido aclarar el Ministerio de Hacienda; que, en cambio, no suspende cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), o en otras normas sobre reglas fiscales.
También se mantienen en 2020 la autorización de operaciones de endeudamiento de los ayuntamientos y sigue vigor las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su cumplimiento. Y es que, el Gobierno considera que, dada a la situación actual del tejido productivo, “resulta más importante que nunca reducir los plazos de pago a proveedores”.
Esta suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021, que debe ser ratificada en Consejo de Ministros, se produce en cumplimiento de las medidas adoptadas por la UE para reforzar la respuesta a la crisis. Y llega tres semanas después de que el Congreso de los Diputados rechazara la propuesta del Ejecutivo de la Nación de usar los superávit municipales como fondos para financiar el proceso de recuperación de la actual crisis sociosanitaria. De hecho, fueron cientos los ayuntamiento de toda España, entre ellos el de Antequera, que se mostraron muy críticos con el planteamiento del Gobierno.
