El sindicato CGT quiere que se ponga fin a la concesión concesión de la recogida selectiva de envases ligeros y que el servicio, del que se encarga una UTE formada por las empresas FCC y Urbaser, se preste directamente desde el Consorcio Medioambiental Valsequillo de Antequera que gestiona la Diputación de Málaga.
“Lo público se debe de prestar desde lo público”, manifestó este miércoles en el organismo provincial el secretario de organización de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, quien recuerda que la petición de esta organización es para que “se acabe la discriminación de los trabajadores simplemente porque se interpongan a empresas que vienen a hacer negocio.
El sindicato tiene convocada una huelga indefinida -en la que mañana está previsto, de nuevo repetir la marcha lenta del martes- por la falta de un convenio colectivo que regule las condiciones laborales del colectivo y porque aseguran que el estado de los vehículos que usan no ofrece la seguridad que deberían tener en un servicio que afecta a más de 90 municipios de toda la provincia.
“Estamos pidiendo seguridad para los trabajadores que ven a diario unas herramientas que nos les dan seguridad. Pero no sólo a quienes tienen que coger estos camiones para hacer la recogida selectiva de residuos, sino que tampoco garantizan la seguridad ni a viandantes ni al reto de vehículos, dado el elevado índice de abandono que estos vehículos sufren”, declaró Montenegro.
CGT también ha denunciado este jueves las prácticas “ruines” de la UTE “sustituyendo trabajadores en huelga con personal ajeno a la empresa y comenzando a entregar expedientes disciplinarios para amedrentar a las personas trabajadoras”. En este sentido, Montenegro ha lamentado esta situación de conflictividad laboral por parte de la UTE Envases Ligeros Málaga, “que vienen directamente a aprovecharse del dinero público para lucrarse, puesto que no aportan nada”.
Desde el Grupo Municipal Socialista de la Diputación se pide al organismo que se implique en la mejora de las condiciones de medio centenar de trabajadores que “sacan adelante un servicio que es esencial», como ha dijo ayer la diputada Desirée Cortés, acompañando a Montenegro, junto a otros compañeros de partido. “Los trabajadores no tienen un convenio colectivo que regule sus condiciones laborales y siguen perdiendo poder adquisitivo, más de un 15% en los últimos 4 años a lo que se suma el pésimo estado de los vehículos, lo que pone en riesgo su seguridad y salud», subrayó.
Por su parte, Manuel Lara, diputado por la comarca de Antequera, ha lamentado «la vergüenza de la situación que sufren estos trabajadores, la Diputación de Málaga está en boca de todos por un hecho lamentable y triste que no es otro que la falta de dignidad en las condiciones laborales y de seguridad por la que están pasando más de 50 familias que dependen de este empleo».
