La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal acusada de explotación laboral de inmigrantes en Almargen. En concreto, de mujeres nicaragüenses que realizaban labores de cuidado de personas mayores.
Tras una información recibida en octubre en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, la Policía Nacional comenzó una investigación que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local de esta municipio del territorio de Guadalteba, así como de autoridades policiales nicaragüenses a través de INTERPOL, pudieron establecer el periplo de las víctimas desde su captación hasta su incursión en el mercado laboral español.
La oferta: un trabajo como interna en Almargen
Entre los detenidos, está una mujer investigada, cuyo papel dentro de la organización era actuar como gancho para captar a mujeres a las que ofrecerles un trabajo en España como personal interno, para cuidar de mayores dependientes en sus domicilio.
Según la investigación de la Policía Nacional, una agencia de viajes ubicada en la capital de Nicaragua, Managua, servía como tapadera para la organización. “Aquí las víctimas eran aleccionadas para poder pasar los controles fronterizos y recibían la documentación y el dinero necesario para su entrada en nuestro país”, explican este jueves en un comunicado.
Asimismo, los agentes constataron que la red liderada por esta mujer nicaragüense, con pareja española, contaba también con el apoyo de familiares y colaboradores para tareas básicas como el envío de dinero a las víctimas en la fase inicial de captación.
Una vez en España, las víctimas eran trasladadas a una vivienda de Almargen, propiedad de uno de los principales investigados de la organización, donde realizaban tareas de limpieza sin remuneración. Y allí permanecían hasta que se les conseguía el empleo como internas, periodo durante el cual debían pagar 200 euros diarios en concepto de alojamiento.
“Debían estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, a cambio de un sueldo precario, sin derecho a festivos, vacaciones, sin contrato ni alta en la seguridad social”, expone la Policía Nacional.
Al conocer estas condiciones, algunas de las víctimas decidieron abandonar el trabajo. Sin embargo, como apuntan, las inmigrantes no contaban con billete de vuelta a su país. Además, la organización les exigía el pago de los 5.000 euros de deuda, un importe que debía ser saldado de manera mensual, en pagos de 350 euros. Y si finalmente dejaban el trabajo, esa cantidad aumentaba en 100 euros como penalización.
Tras la investigación, se llevó a cabo un operativo policial con el objetivo de desarticular el entramado, en el que se han realizado dos entradas y registros en Almargen y se practicaron siete detenciones.
