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de la comarca de Antequera

17 abril 2024
07:25 CET

Vender el cuartel de la Guardia Civil de Antequera para acabar el nuevo, “un negocio rentable” según el PP

Pablo Rosa, de Jucil (centro), a junto a Ana Cebrián, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Antequera, y Mario Cortés, diputado nacional del PP, y miembros del equipo de Gobierno local
Rosa, (centro), a junto a Cortés (a la derecha) y Cebrián otros miembros del equipo de Gobierno local
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Etiqueta(s): Fomento, Guardia Civil, PP

El diputado nacional del PP Mario Cortés ha mantenido este lunes una reunión con miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Antequera y con representantes de Jucil, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, para estudiar vías y medidas que contribuyan a desbloquear la situación que está viviendo el Instituto Armado en el municipio, ya que sigue sin retomarse las obras para el futuro cuartel, ubicado entre las urbanizaciones de Parquesol y Parque Verónica, mientras que continúa el deterioro en las actuales instalaciones en la Alameda de Andalucía.

Desde el PP no comprenden por qué el Ministerio de Interior sigue sin actuar para avanzar en el convenio entre el Ayuntamiento y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado para continuar con la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, cuya tramitación quedó paralizada en octubre de 2022. En ese momento, este organismo se justificó en “la volatilidad de los precios existentes actualmente, que afectan en gran medida a la disponibilidad presupuestaria”. Sin embargo, para los populares esta cuestión no puede seguir siendo una excusa, ya que entienden que el valor de la parcela que ocupan las actuales instalaciones de la Benemérita lo convierten en una operación rentable para el propio Ministerio del Interior. “Con el dinero de la venta se sufraga con creces la construcción. No es un problema presupuestario. Es falta de voluntad política”, ha asegurado Cortés.

El coste para concluir el proyecto se estableció en unos 5 millones de euros, según apuntó la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, en febrero de 2022. Y a ello habría que sumar la aportación del Ayuntamiento de Antequera para rescatar la antigua concesión y asumir la propiedad de la parcela y de la estructura que sí se hizo en unas obras que llevan paralizadas desde hace 16 años. Aún así, en el PP de Antequera consideran que el precio de la pastilla de terreno, entre la Alameda de Andalucía y la plaza Castilla es “mucho más”, especialmente cuando se trata de una parcela “muy grande” que no sólo permitiría la construcción de viviendas, sino también instalaciones comerciales. “Sería un negocio rentable para el Ministerio la venta de este suelo para terminar la obra y devolverle al Ayuntamiento que los 1,2 millones que tuvo que pagar para desatascar la situación”, ha incidido la segunda teniente de alcalde y portavoz del PP en el Consistorio, Ana Cebrián, quien también ha recordado que hay una empresa “muy interesada, que si se firmara el convenio se procedería a la venta”.

Ante esta situación, el Grupo Popular del Congreso de los Diputados va a pedir al Ministerio del Interior la “vista de expediente”. “Eso les va a obligar a actualizar la documentación y a explicarnos dónde está el problema”, ha explicado Cortés. Por su parte, desde el PP de Antequera también aseguran que van a seguir siendo “muy proactivos”, sobre una cuestión en la que ya se han presentado diversas mociones ante lo que consideran una “dejación de funciones clara” y un “desagravio muy importante” a la ciudadanía en general y a los guardia civiles que tienen que “vivir y trabajar” en el actual cuartel en paticular, según ha señalado Cebrián.

En este sentido, Pablo Rosa, de Jucil, ha lamentado el estado de las instalaciones del Benemérita en Antequera, máxime cuando son unas instalaciones que acoge a una compañía que no sólo actúa en el municipio, sino también a otros puntos de la comarca, con servicios como tráfico, SEPRONA, intervención de armas o atención a las víctimas de la violencia de género. “El hecho de que no se pueda prestar servicio en unas instalaciones adecuadas va en detrimento de la propia ciudadanía”, ha asegurado.

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