Desde este sábado entran en vigor las 80 medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros para paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo está teniendo en los ciudadanos y la economía, que supondrán movilizar 5.000 millones de euros. Así mismo, también se establece una congelación temporal de los precios del alquiler de viviendas.
Las medidas, recogidas en un real decreto se dividen en dos grandes ejes. El primero, de carácter coyuntural, para levantar un ‘escudo social’ con el objetivo de proteger a los hogares y a los sectores económicos más expuestos, y un segundo, de naturaleza estructural y estratégica, con iniciativas orientadas a impulsar la soberanía energética.
En el caso de las primeras, se reducen los impuestos sobre la electricidad en un 60%, se suspenderá el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y bajará el Impuesto Especial sobre la Electricidad al tipo mínimo del 0,5%.
Además, se congelará el precio máximo de venta del butano y el propano, el IVA de la electricidad, el aplicable al gas natural, briquetas y pellets, y el del combustible disminuirá al 10%; medida esta última a la que se suma la bajada del impuesto especial de hidrocarburos. Esto implica rebaja de 23 céntimos por cada litro de diésel, de 29 en la gasolina de 95 octanos y de 34 en la gasolina de 98.
Igualmente, se extenderán hasta finales de año todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, así como la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.
También, se bonifica en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva. «Vamos a ayudar a estas industrias a ahorrar en torno a 200 millones de euros y a preservar su competitividad, su actividad y cientos de miles de empleos en territorios muy importantes que dependen precisamente de esas industrias», apuntó el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación de estas medidas
El real decreto ley también contempla líneas de apoyo específicas para los sectores agrario y pesquero. Así, está contemplada una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, a los agricultores y a los ganaderos y otra ayuda para la compra de fertilizantes.
Igualmente se establece por ley una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético para que las empresas y los autónomos puedan adaptar sus condiciones al escenario actual sin costes adicionales.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se dotará de nuevas capacidades de supervisión y de sanción para garantizar que las ayudas llegan a sus destinatarios y evitar abusos. De hecho, la Administración central castigará a cualquier empresa que aproveche esta crisis o las ayudas del Estado para enriquecerse: «Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y debe volver íntegro a ellos. Un Gobierno responsable y las autoridades competentes no podemos tolerar que algunos, por pura codicia, intenten sacar tajada de esta guerra», incidió Sánchez.
Medidas estructurales para impulsar la soberanía energética
El segundo eje de las medidas es de naturaleza estructural. «Estamos en lo urgente, pero también en lo importante y, de hecho, gracias a que nunca hemos olvidado lo importante, hoy estamos mejor preparados», afirmó el presidente del Gobierno.
El objetivo es continuar con la política energética de descarbonización y electrificación de la economía española «que se ha desvelado como muy positiva para hacer frente a los efectos de la emergencia climática» y ha beneficiado también a los consumidores. El jefe del Ejecutivo destacó que la potencia instalada en energías renovables ha aumentado un 150% en los últimos 7 años, lo que hace a España más resiliente a crisis energéticas como la actual.
Las medidas de este eje están orientadas a seguir impulsando esa soberanía energética. Entre ellas, el presidente citó un «paquete masivo de deducciones» en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, nuevas ayudas para la climatización de edificios y la agilización en la instalación de energías renovables. La norma también incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante, por ejemplo, baterías y la declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico.
Congelación temporal de los precios del alquiler
El último Consejo de Ministros también aprobó otro real decreto ley, fruto del acuerdo entre los dos grupos políticos que componen el Gobierno de coalición, para establecer una congelación temporal de los precios del alquiler, similar a la aplicada en crisis previas.
Sánchez reconoció que no existe aún una mayoría parlamentaria para convalidar esta segunda norma, «pero no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española». Pedro Sánchez ha añadido que en las próximas semanas seguirán las negociaciones con los grupos parlamentarios con el objetivo de sacar adelante este real decreto ley.
