Los consorcios provinciales de Residuos Sólidos Urbanos y del Agua han renovado sus estatutos con el consenso de todos los partidos que conforman la Diputación de Málaga: PP, PSOE, Vox e Izquierda Unida.
Entre las medidas incluidas están el aumento de la aportación del organismo provincial al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos en inversiones para los municipios de menos de 20.000 habitantes de forma progresiva a partir del próximo año hasta alcanzar el 100%: en 2026 se llegará el 40%, en 2027, el 60%; en 2028, el 80%; y en 2029 y sucesivos, el 100% de esa aportación. Además, las cantidades que se vayan ahorrando en cada localidad podrá ser utilizadas en forma de inversiones en base a un catálogo que ofrecerá diferentes servicios de gestión y tratamiento en los puntos limpios, de recogida de residuos (puerta a puerta, enseres domésticos, eléctricos y electrónicos, aceites domésticos y vegetales…), de infraestructuras y de suministro (sistemas de control de usuario, contenedores, autocompactadores…), acciones de concienciación y formación y de asesoría y consultoría.
Igualmente, los ayuntamientos podrán realizar inversiones en equipamiento y maquinaria y también en software y sistemas para la mejora de la eficiencia de la gestión de la tasa de basura impuesta por el gobierno y de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Asimismo, se creará una mesa provincial de residuos con representación de todos los grupos políticos que celebrará periódicamente reuniones comarcales para atender las necesidades concretas de todos los puntos de la provincia y se redactará un plan estratégico provincial de residuos que, sin carácter decisorio, servirá de guía para el propio consorcio y los municipios consorciados a la hora de planificar y realizar las inversiones necesarias en cada territorio.
Por su parte, entre las novedades del estatuto del Consorcio Provincial del Agua destacan, por un lado, que la entidad podrá destinar sus recursos a inversiones, no sólo a la gestión y mantenimiento de instalaciones; y, por otro, se establece una exención del pago de todos los municipios consorciados durante un periodo de doce meses desde el momento en que se reciba la aprobación definitiva de los estatutos.
“Estamos muy satisfechos por haber logrado este consenso que da estabilidad y refuerza el papel fundamental que prestan los consorcios en beneficio de los ciudadanos de la provincia, especialmente en los municipios medianos y pequeños”, ha afirmado el diputado provincial y presidente de ambos consorcios, Luis Rodríguez.
En el PSOE también se han mostrado muy satisfechos con esta medida, calificando de “histórico” el acuerdo impulsado por este grupo y respaldado por todas las formaciones. “Después de 15 años, se ha logrado poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas para realizar una modificación de los estatutos de estos consorcios”, ha destacado el portavoz socialista, Josele González.
