El Gobierno central financia el arreglo de 23 carreteras de la Diputación Provincial de Málaga a través del plan de reconstrucción tras las borrascas del pasado invierno, por un importe que asciende a 7,81 millones de euros. De estas vías, dos pasan por la comarca de Antequera, estando en el entorno del municipio de Cañete la Real: MA-6401 y MA-6402
En la primera, que conecta el núcleo urbáno de esta localidad del territorio de Guadalteba con la carretera A-367, se actuará a lo largo de casi cuatro kilómetros: entre los puntos kilómetros 2+000 a 5+900. En el caso de la segunda, que comunica Cañete la Real con la pedanía de la Atalaya y llega hasta el límite con la provincia de Cádiz, y los trabajos se acometerán en unos 180 metros, dentro del primer kilómetro, junto al principal núcleo urbano.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este lunes “la celeridad con la que ha actuado el Ejecutivo nacional y el trabajo realizado para solucionar los problemas derivados de las borrascas padecidas y reparar y reconstruir las carreteras y las vías dañadas”.
También ha lamentado que desde el organismo provincial se hablara de el Ejecutivo de la Nación se olvidaba de las diputaciones provinciales, por lo que le ha invitado al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, “a rectificar y a agradecer al Gobierno de España su iniciativa que supone financiar íntegramente estas obras de reparación de infraestructuras sin que la Diputación tenga que soportar coste alguno”.
“Mientras algunos se dedicaban a difundir bulos, el Gobierno de España se ha dedicado a dar soluciones a la ciudadanía y a sus necesidades con un paquete de medidas sin precedentes que cubre todas las necesidades tanto de las administraciones locales, como de las empresas y autónomos, agricultores y ganaderos, y la ciudadanía en general”, ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Málaga, recordando igualmente las medidas urgentes previstas en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. La inversión para desarrollar esta norma, destinada a los ayuntamientos, ha sido de unos 2.000 millones de euros, de los que cerca de 38 millones son para consistorios de la comarca de Antequera.
