José Antonio Luque Ruiz, letrado del Colegio de Abogados de Antequera
Nadie duda que esta pandemia del COVID-19 está suponiendo un cambio radical en nuestras vidas en todos los ámbitos, ya sea profesional, social, económico, familiar… Dichos cambios no iban a ser menos en el ámbito legal, encontrándonos ahora mismo en una auténtica vorágine de aprobación de normas jurídicas -Decretos Leyes del Gobierno y Órdenes Ministeriales de los diferentes Ministerios afectados directamente por el estado de alarma– en la que el gobierno central tiene un indiscutible protagonismo al corresponderle regular y darle forma al estado de alarma decretado y actualmente prorrogado hasta el próximo día 26 de abril, susceptible de volver a serlo.
Dichas normas, que son una prerrogativa del poder ejecutivo en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, como es el presente caso, no hay día que no se aprueben nuevas medidas, modificaciones, desarrollo de las ya adoptadas, aclaraciones, etc., teniendo un buen número de ellas un claro carácter socio-económico, además de las que se refieren al ámbito sanitario.
Centrándonos en los aspectos legales que esta pandemia nos ha traído, la aprobación de medidas de carácter económico y laborales son un punto clave, pues dichas normas deben ser aprobadas en un tiempo récord para dar respuesta a una batalla contra un enemigo invisible, incoloro e inodoro pero que está resultando letal en todos los sentidos.
Nuestro sistema legal tiene que adecuarse y adaptarse a una nueva realidad en la que un minuto perdido puede ser mortal en sentido literal. Por eso ahora es más imprescindible que nunca contar con asesoramiento legal en todo momento, pues como ya hemos dicho, las medidas adoptadas se suceden una detrás de otra, siendo familiares para muchos empresarios y ciudadanos los términos ERTE, cese de actividad para autónomos, aplazamiento de pago de impuestos, permisos retribuidos para trabajadores, servicios esenciales, etc., pero sin saber cuál es su alcance ni el procedimiento a seguir para acogerse una medida concreta o cual de las disponibles será la más adecuada a las particularidades de cada empresa y/o negocio.
Y es que el poder ejecutivo y legislativo, deben dar respuesta en un tiempo récord a situaciones nunca vistas en la historia reciente de nuestro país. Para hacernos una idea, desde primeros de marzo se han aprobado más de 70 normas entre Reales de Decretos y Órdenes Ministeriales en relación a la crisis del coronavirus, teniendo muchas de ellas un impacto directo en materia económica y laboral, sin contar con las normas adoptadas por las Comunidades Autónomas para hacer frente a esta pandemia y dentro de sus competencias con contenido económico y/o social, de ahí que sea preciso contar con un buen asesoramiento legal por parte de profesionales del Derecho que nos ayuden a tomar decisiones urgentes y extraordinarias para sortear lo mejor posible esta crisis y para salir más fuertes que nunca de ella.
