El PSOE quiere que los municipios menores de 10.000 habitantes no tengan que hacer aportaciones al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Málaga. En el partido calculan que esta medida supondría unos 6 millones de euros anuales que el organismo provincial “puede asumir perfectamente”, según ha manifestado este lunes el portavoz de la formación en la Diputación, Josele González, acompañado por los miembros de su grupo en el organismo provincial.
Los socialistas esperan con ello alcanzar en la negociación de los nuevos estatutos del Consorcio de Residuos un hito parecido al del año 2020, cuando se acordó que los municipios menores de 20.000 habitantes estuvieran exentos de las aportaciones al Consorcio Provincial de Bomberos, para así disponer de más dinero en las arcas municipales para atender a necesidades locales.
“Seis millones de euros que se van a quedar en las arcas de los pequeños municipios de la provincia, independientemente de su color político, para mejorar la vida de sus vecinos”, ha insistido. “¿Qué son seis millones en un presupuesto de más de 400 millones de euros? Para esto está la Diputación: para que los pequeños municipios tengan más liquidez y más capacidad de inversión”, ha añadido González en la comparecencia.
Desde el Gobierno del organismo provincial lamentan esta nueva petición la medida solicitada por el PSOE, a pesar de los acuerdos previos. De hecho, el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga y portavoz, Cristóbal Ortega, ha asegurado que “la ley no lo permite” y ha alertado de que el bloqueo a la aprobación de los nuevos estatutos pone en peligro económico a los ayuntamientos menores de 10.000 habitantes, ya que al no adaptarlos a la ley la Diputación no podría hacer transferencias al Consorcio de RSU y tendrían los municipios tendrían que asumir 3,5 millones de euros.
“Esta deslealtad institucional puede costar muy caro a los ayuntamientos y a los vecinos, también donde gobierna el PSOE”, ha apuntado Ortega, junto con el diputado provincial y presidente del Consorcio, Luis Rodríguez, además de hacer un llamamiento a los alcaldes socialistas para que “les hagan entrar en razón” a sus compañeros de la Diputación, ya que para aprobar los estatutos es necesario el voto a favor de dos tercios de la Junta General del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, organismo que presta servicios de recogida, transferencia y tratamiento de residuos a 91 municipios malagueño.
La Diputación lleva negociando varios meses al respecto y desde el equipo de Gobierno se asegura que se han llegado a aceptar peticiones del PSOE y Con Málaga, que hacían referencia a otorgar una mayor representación de los municipios menores de 10.000 habitantes y a que no se redujera mucho el plazo de convocatoria de la Junta General, teniendo en cuenta que la agenda de los cargos públicos es siempre muy apretada. Sin embargo, el portavoz del PSOE ha criticado que el PP quiera aprovechar esta negociación “para restar a los pueblos protagonismo y voz dentro del consorcio en favor de las grandes ciudades”.
Tras estas primera ronda el PSOE votó en contra, tras lo que se abrió una nueva negociación en la que la Diputación también aceptó dos compromisos más: que el Consorcio asuma también, a partir del presupuesto de 2026, el tratamiento de residuos voluminosos a los municipios menores de 5.000 habitantes, lo que supone 280.000 euros anuales y que el remanente anual del Consorcio se aplique a disminuir las aportaciones de los ayuntamientos, dentro de lo que permita la ley.
Nueva tasa de residuos a partir de 2025
El vicepresidente ha recordado que en abril de 2025 entrará en vigor de manera obligatoria una nueva tasa de residuos aprobada e impuesta por el Gobierno central que penaliza toda la basura que se entierre en el vertedero, con un coste de 30 euros por tonelada.
“En qué cabeza cabe, salvo que estemos ante una estrategia política perversa, pretender sumar a este ‘tasazo’ de Sánchez más gastos, especialmente a los ciudadanos de los municipios más pequeños”, ha manifestado Ortega.
Es por ello también que, ante esta situación, desde la Diputación de Málaga insisten en que seguirán trabajando para concienciar a la población de la necesidad de aumentar los porcentajes de reciclaje y separación de residuos para reducir el impacto económico de la tasa del Gobierno, con objeto de pagar menos.
