“Este nuevo agravio a Málaga es un escándalo”. Así de contundente se ha mostrado este martes el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, sobre la recuperación del cobro del peaje en la Autopista del Guadalmedina (AP-46) y no mantener la gratuidad para mejorar la fluidez del tráfico entre el interior de la provincia y la Costa del Sol, debido a las obras de recuperación de la autovía A-45, junto a los túneles de Casabermeja.
Para Carmona, es “tomadura de pelo” que desde el Gobierno central no se mantenga la suspensión del pago, como se pudo disfrutar la tarde del domingo y el lunes. mientras sí mantiene ayudas o lleva a cabo la liberalización de otros peajes con un coste millonario. “Qué menos que mantener esta medida hasta que finalicen estos trabajos”, ha comentado sobre una medida de la que, como informó el Ayuntamiento de Casabermeja, se esperaba que continuara hasta el 21 de marzo, día en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible calcula se podrán finalizar los trabajos para la retirada de las piedras y terreno desprendido del talud hacia el arcén y el carril derecho de la autovía, en torno al kilómetro 129, en dirección Córdoba. Mientras tanto, se ha habilitado un paso hacia la otra calzada, dejando un tramo en dirección Málaga con circulación en los dos sentidos.
“Nadie entiende el racaneo del Gobierno de España con esta provincia, primero negando la bonificación de la autopista de la Costa del Sol, la más cara de España; y ahora monitorizando el tráfico para justificar que se vuelvan a bajar las barreras de la AP-46 con el consecuente perjuicio para los trabajadores y residentes en esta zona de la provincia”, ha explicado el número dos del PP de Málaga.
En opinión del dirigente popular, el Ejecutivo “está jugando con la seguridad y con el tiempo de los conductores malagueños, con el consecuente coste para las empresas y también en términos de conciliación”; a pesar de “ha demostrado que se puede liberalizar el peaje de la AP-46 en beneficio de los malagueños”, “Se puede hacer, pero el Gobierno no quiere”, ha comentado sobre una medida que considera es “una pequeñísima concesión frente a los 86 millones de euros destinados a bonificar la AP-9 gallega o los 17 millones de euros que se ahorran los alicantinos al año con la liberalización de la autopista, según los cálculos del propio Ministerio”.
