La Diputación de Málaga va a solicitar a la Administración General del Estado que refuerce de forma urgente la plantilla de la Tesorería General de la Seguridad Social del interior de la provincia de Málaga, con especial énfasis en la oficina de Antequera. La medida parte de una moción presentada por Vox, aprobada en el pleno del organismo provincial, en la que también se pide adoptar medidas para reducir los plazos de tramitación y resolución de expedientes en las oficinas de la provincia, además de solicitar la recuperación y refuerzo de los servicios de atención presencial al público en aquellas oficinas que han visto reducida o suprimida dicha atención.
El portavoz de este Grupo Provincial, Antonio Luna, asegura que “la situación de insuficiencia de personal está generando importantes retrasos en la tramitación y resolución de expedientes administrativos, alcanzando en muchos casos plazos muy superiores a los legalmente establecidos. Y, pone como ejemplo a la oficina de Antequera, donde, como apunta una resolución de solicitudes como los aplazamientos de pago “pueden demorarse entre tres y cuatro meses”, cuando en la capital ese trámite se hace en unos quince días.
“Estos retrasos suponen un perjuicio directo para el tejido empresarial del interior de la provincia, dificultando su planificación financiera y operativa, y generando una clara situación de agravio comparativo respecto a otros territorios. Todo ello redunda en una pérdida de competitividad y en una percepción de desigualdad en el acceso a los servicios públicos”, ha manifestado Luna.
Vox lleva la falta de personal al Congreso de los Diputación
Por otro lado, la diputada nacional Patricia Rueda, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno explique “cuáles son las razones por las que está incumpliendo los acuerdos para aumentar las plantillas”.
Desde el Grupo Parlamentario de Vox en el Hemiciclo denuncian que estos incumplimientos “están causando retrasos en los tiempos de resolución de los distintos trámites competencia de los organismos del sistema público”. Asimismo, reclaman al Ejecutivo que detalle si está ofreciendo la posibilidad de establecer el silencio administrativo positivo en los trámites realizados que acumulen un retraso considerable.
“Exigimos que el Gobierno explique cómo tiene previsto garantizar que la falta de atención directa al público en algunas oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social no comprometa el derecho de las personas físicas”, ha dicho Rueda.
