La Diputación de Málaga asumirá los costes para que los exámenes de conducir teóricos de la Dirección General de Tráfico (DGT) se puedan seguir haciendo en Antequera, adaptando los espacios habilitados a las nuevas exigencias de la Administración central, respecto a la implantación de los equipos informáticos y la seguridad de las instalaciones y los sistemas.
Esta medida –propuesta en su momento desde la Subdelegación de Gobierno de Málaga– permitirá que tantos los vecinos de esta localidad como los de otras de su entorno no tengan que desplazarse hasta la capital para hacer las pruebas, asumiendo el organismo provincial “una competencia impropia, que no corresponde a las entidades locales sino al Gobierno”, según ha señalado este jueves el presidente Francisco Salado.
“Hemos tomado esta decisión, atendiendo la solicitud de los alcaldes, para evitar que sean los ciudadanos de estas comarcas quienes sufran la dejación de funciones del Ministerio de Interior”, ha explicado Salado, quien ha añadido que “una vez más hemos tenido que asumir obligaciones que corresponden al Gobierno central para evitar otro duro golpe a los ayuntamientos y a los vecinos”.
En este sentido, el presidente de la Diputación ha lamentado que, pese a ser DGT la responsable de hacer las pruebas y cobrar las tasas por ello, se obligue a los ayuntamientos a hacer este gasto: “Esta medida va en contra de la lucha contra la despoblación: hay que dotar de servicios a las comarcas y los municipios del interior, no quitárselos”
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha agradecido a la institución provincial su disposición a asumir los gastos necesarios para garantizar la continuidad de los exámenes del carné de conducir, evitando perjuicios a los jóvenes de Antequera y comarca, a pesar de ser “una competencia exclusiva de la DGT y, por tanto, debería ser el Gobierno de España quien asumiera su financiación”.
Barón también ha lamentado que el PSOE optara por pedir “el esfuerzo a la Diputación, en lugar de exigir al Gobierno central que cumpla con su obligación”, cuando desde la Administración central no se han ejecutado cerca de 60.000 millones de euros en fondos europeos destinados, entre otras cosas, a la digitalización de las administraciones públicas.
Desde la firma de los convenios con la DGT, que tendrá lugar próximamente, los ayuntamientos cuentan con un plazo de un año para adecuar las aulas y completar el proceso, que debe estar listo a lo largo del año 2026.
