La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha mantenido este jueves en el Ayuntamiento de Antequera una reunión con representantes municipales de la localidades de la comarca de Antequera para abordar la recientemente aprobada Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio (LISTA). Una normativa de la que ha destacad que “simplifica al máximo”, resolviendo a los ayuntamientos “la inseguridad jurídica que les provocaba la anterior normativa y que les conllevaba la tramitación eterna de sus planeamientos urbanísticos”.
Para la Junta, la anterior ley no resultaba eficaz ni se adaptaba a la realidad del territorio andaluz. Con la nueva, en cambio, están convencidos de que será el principal instrumento para luchar contra la despoblación, ya que “va a significar un antes y un después para el despegue, para el progreso y el desarrollo de toda Andalucía, porque ofrece posibilidades infinitas para los municipios que quieran seguir creciendo con nuevas posibilidades de empleo y riqueza”, según ha señalado Navarro en una reunión en la que ha participado la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Casero; la jefa del servicio de Urbanismo de la Junta en Málaga, Mari Carmen Moreno; así como alcaldes y ediles de los ayuntamientos de Alameda, Almargen, Antequera, Archidona, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Cuevas Bajas, Casabermeja, Carratraca, Cuevas de San Marcos, Cuevas del becerro, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva de la Concepción, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco.
Uno de los cambios que introduce LISTA es la diferencia entre suelo urbano y rústico, permitiendo la construcción en este último siempre que no afecte a una zona protegida o sea compatible con su régimen de protección. Así, se permitirá viviendas en suelo rústico con otros usos además de los agropecuarios, que pueden ser turísticos o cualquier actividad económica que dinamicen las zonas no especialmente protegidas que requieran de preservación, pero que sean compatibles con los usos agrarios y el desarrollo sostenible.
También se autorizará la construcción de viviendas aisladas unifamiliares, cuando no se induzca a la creación de nuevos asentamientos. La Junta creará un cuerpo de subinspectores con el fin de velar por la disciplina urbanística, descargando en parte a los ayuntamientos de esa responsabilidad, “ya que la mayoría no tiene medios humanos ni recursos materiales”, como recuerda la Administración andaluza.
“Es un avance importante y herramienta fundamental para regularizar muchas de las viviendas por parte de los ayuntamientos con el planeamiento nuevo, porque su uso ya será compatible con lo que establece la ley, si no están en suelo protegido o dominio público”, ha subrayado Navarro sobre esta nueva ley; que, según los cálculos de la Administración regional, podría repercutir en más de 50.000 viviendas en la provincia de Málaga.
Simplificación de trámites y reducción de plazos
Según ha explicado la delegada a los alcaldes y ediles de la comarca de Antequera, los municipios van a poder tener al día sus planeamientos urbanísticos en dos años de media. Una situación que cambia radicalmente, ya que en ayuntamientos cuyo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no estaba adaptado a la anterior ley se tardaba de media 10 años o más en tramitar el planeamiento, aunque fueran pequeños.
En este sentido Navarro ha hecho hincapié a los ayuntamientos de la comarca de Antequera que cada municipio será abordado en función de sus características y número de habitantes. Y se establece un sistema dual para los de más de 10.000 habitantes que engloba “un plan general de ordenación municipal y los planes de ordenación urbana, más al detalle”.
Ayudas a los ayuntamientos
La Consejería de Ordenación del Territorio ya trabaja en el desarrollo de los reglamentos que desarrollen LISTA y planeamientos urbanísticos para sacarlos adelante lo antes posible De hecho, no sólo se está ofreciendo ayuda técnica de la Delegación territorial, como hasta ahora, sino también la celebración de mesas técnicas y jurídicas, el refuerzo y la aportación de la Diputación provincial, y se trabaja en una convocatoria de ayudas económicas para agilizar aún más el trabajo de los consistorios.
La LISTA prevé ayudas de hasta 10.000 euros a los ayuntamientos para que redacten sus planes especiales y generales. De esta forma se retoman unas subvenciones que ya existían, pero se suspendieron en 2011 “porque los 129 ayuntamientos que las solicitaron no fueron capaces de cumplir con los plazos que imponía la ley”, según apuntan desde la Junta.
