La Diputación de Málaga ha reclamado al Gobierno de España un plan de ayudas para los principales sectores económicos de la provincia que palien las pérdidas millonarias provocadas por los cortes de servicios ferroviarios como la línea de alta velocidad entre la capital y Madrid, debido al desprendimiento de unos terrenos en el término municipal de Álora.
“La falta de transparencia del Ministerio de Transportes y ADIF está conduciendo a la economía malagueña a una crisis sin precedentes. Esta falta de diligencia está comprometiendo miles de puestos de trabajo en el inicio de la temporada alta turística”, manifestó el presidente del organismo, Francisco Salado, tras una reunión con alcaldes de municipios turísticos de la provincia, entre ellos el de Antequera, Manolo Barón.
En el encuentro, Salado comparó la situación actual de Málaga con otros destinos de la competencia y señaló que “el daño reputacional es muy elevado”. “Ahora mismo, estar a más de cuatro horas y media de Madrid con un transbordo en autobús desde Antequera nos resta competitividad en el mercado del turismo nacional, nuestro principal visitante en estas fechas”, remarcó
La estimación de la Diputación y Turismo Costa del Sol del impacto que está teniendo en el sector turístico el cierre de la línea de alta velocidad Madrid–Málaga supera los 109 millones de euros hasta primeros de marzo. “Dicha cuantía se disparará por el retraso de la reapertura hasta el 23 de marzo, más de tres semanas después, como mínimo, de la primera fecha indicada por el Ministerio de Transportes”, apuntó el presidente del organismo provincial.
Salado también clamado ante “la lentitud en la respuesta a la reparación del talud en Álora”. “No es de recibo que tarden tres semanas en impulsar 24 horas los trabajos para recuperar la zona tras el desprendimiento. Hay mucho en juego”, subrayó.
Para el presidente de la Diputación, esta situación no sólo afecta al sector turístico, sino que va a producir “un efecto dominó” que alcanzará “al conjunto de la economía provincial”. Y por ello, exige al Gobierno que, “una vez recuperada la normalidad, impulse beneficios fiscales a las empresas afectadas por las pérdidas generadas por este bloqueo ferroviario que sufre Málaga”.
