Entre 50 y 60 euros al año para los hogares y entre 130 y 150 euros para actividades y usos industriales y asimilables. Estas son las estimaciones del Ayuntamiento de Antequera del nuevo impuesto que se comenzará a cobrar a partir del próximo año en España sobre el tratamiento de residuos orgánicos, en aplicación de la Directiva 2018/851 de la Unión Europea.
Para ello, la Administración municipal ha elaborado una nueva ordenanza fiscal, que se prevé elevar al pleno de diciembre, tras un estudio pormenorizado de costes por parte de Tesorería. El cobro se realizará mediante un recibo anual independiente -similar al del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), a través del Patronato de Recaudación, y se basará en el padrón de contratos de agua de Aguas del Torcal: quien tenga alta de suministro de agua –y por tanto paga actualmente basura– estará sujeto a este nuevo impuesto estatal.
La norma exige a los estados miembros de la Unión Europea establecer sistemas de reciclado y buscar fórmulas para reducir los vertidos de residuos, especialmente los municipales. Sin embargo, “no determina ni cómo debe hacerse, ni quién lo paga, ni qué sistema de gestión aplicar”, como recordó este jueves el alcalde de Antequera en la presentación del nuevo contenedor marrón, en la que estuvo acompañado por el teniente de alcalde delegado de Hacienda y Aguas del Torcal, José Manuel Fernández, y responsables de la empresa pública.
En este sentido, primer edil lamenta que el cobro de la tasa sea responsabilidad de los Ayuntamientos “mientras el Estado se va de rositas”. “Vamos a ser meros recaudadores de un impuesto estatal. Lo cobraremos por ley, pero ese dinero no se queda ni en Aguas del Torcal ni en el Ayuntamiento: va íntegro al tratamiento que no realizamos nosotros”, señaló, mostrando su “oposición total y radical” a este modelo.
Por su parte, Fernández criticó que la ley no contemple bonificaciones ni exenciones por renta o situación familiar, aplicándose el principio de “quien contamina paga” “Estamos totalmente en contra de este nuevo impuesto, pero la ley nos obliga a aplicarlo”, manifestó, lamentando a su vez que el Gobierno central “siga incrementando la carga impositiva mientras no aporta financiación a los ayuntamientos para aplicar sus propias leyes”. “El Gobierno que más recauda de la historia traslada a los municipios el coste de sus decisiones y, al final, lo termina pagando cada familia”, subrayó.
Según expuso Barón, el Consistorio utilizará todos los recursos y resortes administrativos posibles para intentar revertir o minimizar el impacto de este nuevo impuesto: “Los antequeranos ya pagan su tasa de recogida de residuos y hemos demostrado que se puede gestionar mejor sin subir impuestos. Este nuevo gravamen no es una decisión del Ayuntamiento de Antequera, sino una obligación impuesta por el Gobierno de España, y así queremos que se sepa con total transparencia”.
