Tras conocer un caso en el que está previsto implantar un parque fotovoltaico en el término municipal de Teba, en el que “un porcentaje elevado de la superficie no cuenta con la aceptación de los propietarios”, Asaja Málaga quiere que las administraciones competentes que revisen de inmediato la declaración de utilidad pública de los terrenos, con el fin de proteger los derechos de los agricultores.
“No ponemos en duda que el procedimiento burocrático haya seguido su curso, pero sí podemos asegurar que las informaciones publicadas en BOJA no siempre son accesibles para unos agricultores que se dedican a su trabajo y pueden quedar indefensos por este desconocimiento”, explican desde la organización agraria, en la que se insta a “un diálogo transparente” entre las partes implicadas y la administración para buscar soluciones “justas y equitativas, sin perjudicar a quienes trabajan estas tierras”
Como apuntan en Asaja Málaga, los parques fotovoltaicos siempre se han ubicado en terrenos, previo acuerdo con los propietarios, cumpliendo todas las obligaciones ambientales, con negociaciones transparentes y consensuadas. Por ello, lamentan la situación vivida en la instalación prevista en el término municipal de Teba, donde aseguran que “no se ha intentado de manera efectiva llegar a un acuerdo previo para continuar con los trámites”.
Según informan, los propietarios afectados que no aceptan las condiciones presentadas, cultivan unas plantaciones de olivar joven, adquiridas recientemente, y que actualmente se encuentran en plena producción. “Unas explotaciones que quedarían cortadas ya que no las ocuparán en su totalidad, dejando superficies libres y sin rentabilidad para poder seguir explotándolas. Por otro lado, arruinarían el esfuerzo realizado para poder contar con una explotación rentable en una zona muy productiva que, además, está fijando la agricultura en ese territorio”, explican de unas fincas ligadas a explotaciones ganaderas para la valorización agronómica de sus residuos como abono.
En Asaja Málaga se oponen a que estas instalaciones se ubiquen en zonas productivas y sin el beneplácito de los propietarios, más aún, si hay parcelas cercanas poco productivas y que contarían con aprobación. Por ello, consideran “inaceptable que se utilicen estos mecanismos de ‘utilidad pública’ para beneficiar a empresas privadas a costa de los agricultores, quienes se ven desprotegidos ante el peso de la burocracia y la presión económica para, en definitiva, ver desmontados sus negocios activos y viables, para que se monten otros de manera forzada”.
